El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha difundido ayer la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, según sus cálculos, en febrero se registró una variación del 0,7% respecto del mes anterior. Esa medición vuelve a distanciarse de las proyecciones que algunas de las consultoras privadas, que sobrevivieron a la represalia oficial, han calculado para el período y que oscila entre el 1,4 y el 1,7%.

De acuerdo con el informe oficial, la inflación -medida sólo para el Gran Buenos Aires- evidencia cierta estabilidad en los precios de los principales alimentos que componen la canasta básica familiar. A tal punto que observa una reducción en el precio de los cortes de carne vacuna. Sólo el componente "turismo" ha mostrado una variación importante, una cuestión estacional, pero no decisiva dentro del indicador difundido por el Indec.

En rigor, el cálculo de la Canasta Básica Alimentaria (CBT), compuesta por alimentos y algunos servicios esenciales, tuvo una tasa de variación superior al promedio de inflación registrado en los últimos 12 meses. Esta, según los expertos, es una de las inconsistencias que existen en las estadísticas públicas y por la que los distintos factores económicos han decidido guiarse por proyecciones privadas. El Gobierno nacional está tratando -por medios administrativos y legales- de silenciar a las consultoras privadas con multas que, de quedar firmes, llevarán a la desaparición de esas entidades que han constituido, desde fines de 2007 cuando se intervino políticamente al organismo estadístico nacional, una alternativa que orientó a empresarios y a consumidores sobre la evolución de los precios.

El dato oficial de inflación ha causado una disparidad de criterios -difíciles de conciliar- respecto del piso y del techo de porcentajes de aumentos en las negociaciones paritarias. A tal punto que la propia Confederación General del Trabajo (CGT) adelantó que sus reclamos salariales serán en base a los precios de las "góndolas", con variaciones de entre un 26% y un 28%. Ni siquiera el gasto público -nacional y provincial- se ha resistido a los efectos inflacionarios de los últimos tiempos, con tasas de incremento superiores al 30%.

Históricamente, el índice de precios al consumidor ha constituido una base para la discusión paritaria. Ahora, empresarios e industriales consideran que el debate salarial debe orientarse por la "vía de la productividad" laboral, de tal manera de no convalidar ningún numero de incremento que luego no se pueda generalizar.

El año electoral le puso un condimento especial a las paritarias. Frente a ese escenario, los principales referentes del sector privado han considerado oportuno que las negociaciones se efectúen en un clima de seguridad jurídica y de paz social. El Gobierno debería contribuir, en ese sentido, con el fin de acercar posturas de tal manera que la política no le siga poniendo ruidos al rumbo de la economía. Un primer paso hacia ese objetivo debe ser la normalización del organismo estadístico, dotándolo de una mayor transparencia en el manejo de sus indicadores, así como de políticas que demuestren la total independencia del Indec al gobierno de turno.

Otro elemento a tomar en cuenta es la federalización de las estadísticas. Son pocos los organismos provinciales que hacen cálculos acerca de la inflación por temor a una reacción política desde el Gobierno nacional. Los precios del Gran Buenos Aires no son los mismos que los de Tucumán, Salta, Córdoba o Chaco, cuyo gobierno autorizó a los municipios a medir la inflación.

La sociedad precisa de estadísticas que tiendan a ser confiables, que muestren la verdadera evolución económica, de tal modo que esos indicadores -más que un botín político- sean una clara referencia para focalizar la asistencia social, las políticas de fomento a la inversión, los planes laborales y hasta corregir errores de gestión.